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Columna de Opinión: Tribuna Crítica, Lo que Nadie Dice
Por: Violeta Rosas Flores
La sangre de Jesús Álvarez Gutiérrez e Ignacio Campos Guerrero ha manchado, una vez más, el papel en el que se redactan los pomposos e inútiles planes de paz para Michoacán.
El ataque mortal contra la Ronda Comunal de Santa María Sevina no es solo un trágico hecho de violencia, sino la prueba irrefutable de un rotundo fracaso gubernamental que deja a las comunidades originarias a merced del crimen organizado; mientras el discurso oficial se empeña en simular una paz inexistente, la realidad en las comunidades de autogobierno es de luto y abandono.
Resulta indignante que la estrategia de seguridad del gobierno federal y estatal se limite a un trabajo de disuasión cosmética, como se observa en las entradas principales de Uruapan, donde la presencia de elementos de seguridad de gobierno es meramente ornamental.
Mientras tanto, en regiones críticas como la Tierra Caliente y la Meseta Purépecha, impera la OMISIÓN y la FALTA de INTERVENCIÓN REAL, dejando a las barricadas comunales como el último y más frágil reducto de defensa frente a sujetos fuertemente armados que operan con total impunidad a plena luz del día.
El enfrentamiento en la barricada de Sevina, ocurrido aproximadamente a las 20:30 horas, evidencia que la seguridad en Michoacán ha sido delegada, por negligencia, a los hombros de la propia población. Los Kuarichas tuvieron que hacer frente «heroicamente» a la agresión, resultando en dos muertes y un herido de gravedad, lo que ha obligado a la comunidad a cerrar sus puertas y declararse en «alerta máxima» ante la absoluta falta de garantías por parte de un Estado que parece haber claudicado en su función primordial.
La crítica se vuelve más severa al analizar las denuncias del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que señala directamente al Ayuntamiento de Nahuatzen por su responsabilidad de omisión.
Es inadmisible que las autoridades estatales y federales se limitan a operativos reactivos que nunca llegan a tiempo.
Para las comunidades originarias, el «Estado de Derecho» en Michoacán no es más que una FALSA IMAGEN y una colección de discursos huecos. El CSIM ha sido enfático al denunciar que el poder actual ve en la organización comunal a un enemigo difícil de corromper y, en consecuencia, permite o fomenta el debilitamiento de su progreso a través de la violencia; esta postura oficial convierte a la autonomía indígena en un blanco para el crimen ante la mirada indiferente de quienes deberían protegerla.
Michoacán se encuentra en una encrucijada donde el plan de paz es un fantasma y la justicia una quimera.
Al reservarse el derecho de actuar y organizarse ante la falta de seguridad, Sevina y las comunidades del CSIM lanzan un último aviso: el contrato social está roto.
Si el Estado no garantiza la paz y la tranquilidad en los territorios indígenas, la organización autónoma y la autodefensa se consolidarán como la única respuesta ante un gobierno que solo ofrece presencia en las carreteras pero entrega los pueblos a las balas.
