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+ El costo de una administración que renuncia al uso de la ley
+ Chilapa: El epitafio de la seguridad y la rendición de un gobierno omiso
Columna de opinión: Lo blanco y negro de la Política
Por: Elena Benítez
La administración de Claudia Sheinbaum Pardo ha inaugurado una era de claudicación institucional bajo el eufemismo del «diálogo» con el crimen organizado. Lo ocurrido en Chilapa, Guerrero, no es un incidente aislado, sino la confirmación de un Estado que ha decidido abdicar de su función primordial: el uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad.
Mientras al menos 96 personas son desplazadas de sus hogares por el terror sembrado por grupos como “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, la respuesta oficial es priorizar una «negociación temporal» que solo empodera a los victimarios. Hablar de «preservar la vida» mediante el diálogo con delincuentes armados es, en realidad, una omisión categórica de liderazgo que deja a la población civil en la indefensión absoluta.
La estrategia de enviar a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a «atender personalmente» la crisis, no es más que una maniobra burocrática para ocultar el vacío de autoridad.
Resulta insultante para la ciudadanía que, ante bloqueos carreteros y enfrentamientos que mantienen a familias enteras como rehenes, la presidenta defienda que «no se puede actuar exclusivamente con el Ejército o con la Guardia Nacional». Esta postura revela una preocupante falta de pericia y una alarmante ineficacia, pues confunde la prudencia con la complicidad por omisión, permitiendo que los grupos criminales dicten las condiciones de movilidad y supervivencia en el territorio nacional.
Chilapa ha sido, por años, un foco rojo de violencia por el control de rutas de trasiego, y el hecho de que la situación se califique hoy como “muy delicada” solo demuestra que el gobierno federal ha permitido que el cáncer de la inseguridad haga metástasis.
No es solo Guerrero; el desplazamiento forzado es una herida abierta que se agudiza en al menos seis estados del país y por todo el territorio mexicano, evidenciando un abandono sistémico de las obligaciones constitucionales. Un gobierno que no puede detallar el número de heridos tras una jornada violenta y que se limita a esperar información «posterior» es un gobierno que ha perdido el control de la realidad.
Es imperativo recordarle a la titular del Ejecutivo que su cargo no es una concesión de gracia, sino un mandato derivado del voto ciudadano; ella es una empleada de los mexicanos, pagada con los impuestos de una sociedad que hoy vive de rodillas ante el crimen.
La «estrategia de contención» que pregona Morena es, en los hechos, una política de puertas abiertas para el control territorial de las bandas delictivas. Al omitir la aplicación rigurosa de la ley, la administración de Sheinbaum traiciona el contrato social y convierte la seguridad pública en una moneda de cambio en mesas de diálogo estériles con quienes solo entienden el lenguaje de la violencia.
Finalmente, la normalización de la tragedia en México es el fracaso más rotundo de este gobierno «absurdo» en su actuar. Mientras la presidenta se escuda en conferencias matutinas para justificar la inacción, las familias pierden su patrimonio, su libertad y su tranquilidad.
México no puede seguir siendo un país de víctimas invisibles y victimarios protegidos por la retórica oficial. La historia y la ciudadanía juzgarán severamente esta gestión que, teniendo los recursos y la legitimidad para actuar, prefirió la omisión y la capitulación ante el flagelo que desangra a los 32 estados de la República.
